Fuerte rechazo de la Cámara Argentina de la Construcción a una medida del gobierno

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) emitió un duro comunicado para manifestar manifestar su disconformidad frente a una reciente medida anunciada por el Gobierno nacional que, según advierten, podría poner en serio peligro a las empresas pyme del sector de la Construcción. 

Se trata ni más ni menos de una medida que adoptó el ejecutivo con el objetivo de promover la reconversión de planes sociales. Para ello se adjudicaría a cooperativas de trabajo el 30% de la obra pública.

Anuncian beneficio que obtendrán empresas que contraten trabajadores incluidos en programas sociales

 Así lo indica el Decreto 728/2022 publicado el viernes 4 de noviembre en el Boletín Oficial el cual establece que se destinará a favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta $ 300.000.000, monto que será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de dichas Cooperativas. 

En ese sentido desde Camarco, respondieron que por expreso mandato de su Consejo Federal, rechazaba "enfáticamente" los aspectos del Decreto 728/22 ya que "la consecuente competencia desleal condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas PyMEs constructoras de todo el país, las que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores".

"CAMARCO comparte la necesidad de la transición de los planes sociales a programas de empleo pero sostiene que es un error entender que la apertura de la competencia a organizaciones sociales o Cooperativas de Trabajo no formales contribuye a una ampliación, integra y transparente, de la concurrencia al mercado de la obra pública", sostuvieron desde la entidad.

En esa línea, agregaron que "la medida dispuesta será un incentivo al trabajo informal en fraude a las normas laborales y previsionales vigentes y condenará a las empresas formales que deben atender costos salariales un 54 % superiores a los atendidos por una pseudo-cooperativa de trabajo".

"Es la experiencia acumulada que esa figura es usada para cometer un verdadero y generalizado fraude laboral, pues los supuestos ?cooperativistas' no lo son, sino que son trabajadores dependientes encubiertos, informales. Así se evaden los aportes y contribuciones al sistema sanitario y previsional por esos trabajadores", resaltaron.

Desde Camarco también enfatizaron que "esos ?trabajadores-pseudo cooperativistas' pierden la protección de derechos laborales, ven peligrar su seguridad física en la obra, no acceden a la capacitación en el oficio, y no tiene acceso al fondo de cese laboral, a una jubilación y cobertura de salud, entre otros beneficios de la formalidad laboral postulados por la Organización Internacional del Trabajo".