La histórica aprobación de San Jorge cambia el panorama minero en Mendoza
En la jornada del martes, la Cámara de Senadores mendocina vivió una histórica sesión donde se le dio el aval legislativo a PSJ Cobre Mendocino e inauguró una nueva etapa para la minería en la provincia. Con 29 votos afirmativos, 6 negativos y 1 abstención, el Senado aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto conocido popularmente como San Jorge. Ahora, el Poder Ejecutivo será el encargado de su promulgación.
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El proyecto, ubicado a 37 km de Uspallata y 97 km de la ciudad de Mendoza, se perfila como la primera iniciativa de cobre a mediana escala en la provincia y uno de los desarrollos más significativos del país desde Bajo de la Alumbrera. Su producción se orienta a insumos críticos para tecnologías limpias y la transición energética global.
El impacto económico de San Jorge
Con la definición legislativa y la aprobación de la DIA en la casa de las leyes mendocina, las prioridades de PSJ Cobre Mendocino ahora serán concretar la etapa de factibilidad y cerrar el financiamiento lo más pronto que se pueda.
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Aunque la ansiedad y el desconocimiento sobre el desarrollo minero en la provincia pueden llevar a pensar que la construcción comenzará de inmediato, la realidad es que el paso previo es la factibilidad. En esta etapa, se ajustan los montos, necesidades y expectativas. Es decir, se ponen sobre la mesa los costos reales del proyecto y cómo se conseguirán los fondos, entre otras cosas. Este proceso no tiene un plazo de tiempo fijado, pero puede demandar hasta un año de trabajo.
A eso se le suma que la aprobación de la DIA incluye una lista de exigencias ambientales, técnicas y, sobre todo, de manejo hídrico que la empresa debe cumplir. En parte, estas exigencias pueden modificar la ecuación económica, como la obligación de impermeabilizar parte del sector de colas de mineral procesado.
En materia de inversiones, el proyecto ubicado en el distrito de Uspallata, en el departamento de Las Heras, lleva hasta el momento acumulado un total de 62 millones de dólares, destinados principalmente a estudios técnicos y ambientales que fortalecieron el Informe de Impacto Ambiental. A eso, se le sumará una inversión adicional de 15 millones de dólares para ajustar los procesos técnicos y prepararnos para el financiamiento principal del proyecto.
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"Hay mucho interés de distintos actores en invertir en el proyecto. Esto representa una muy buena noticia, impulsada por varios factores: las condiciones del proyecto en sí, el contexto favorable de la provincia y del país, y la fuerte demanda internacional del cobre. Una vez completado ese paso, iniciaremos la construcción de la mina, marcando el comienzo de una nueva etapa para la empresa y para Mendoza", sostuvo Fabián Gregorio, CEO y presidente de PSJ Cobre Mendocino.
Una vez cumplimentados estos pasos sí llegará el momento de la construcción de la mina, donde se espera que se produzca el pico de generación de empleo de entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos y el mayor desembolso, unos US$462 millones. Este paso, teniendo en cuenta los plazos, podría empezar a desarrollarse hacia finales de 2026 o la primera etapa de 2027 y tendrá una duración de hasta 24 meses. En total, se contabiliza una inversión de US$ 560 millones o posiblemente una cifra superior.
Finalmente, durante la vida útil de la mina, cada año se requerirá una inversión operativa de unos 120 millones de dólares anuales para mantener su funcionamiento. En ese mismo periodo estiman que habrá entre 600 y 700 trabajadores directos en planta, además de unos 1.800 empleos indirectos, correspondientes a contratistas y personal de servicios vinculados de forma permanente al funcionamiento y suministro de la operación minera.
Los detalles PSJ Cobre Mendocino
En los fundamentos se detalló que el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental incluyó la incorporación y análisis de dictámenes técnicos y sectoriales, además del Informe Final elaborado por la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera. Con las respuestas del proponente integradas al expediente, la Autoridad Ambiental Minera emitió el Informe Técnico Final que reúne conclusiones y opiniones sobre el estudio presentado.
El procedimiento contempló un amplio esquema de participación ciudadana: consulta pública, talleres, visitas técnicas y la realización de una Audiencia Pública con la correspondiente difusión. También se habilitó la presentación de aportes por escrito y se garantizó el acceso a la documentación completa tanto en formato físico en la sede de Minería como en formato digital en los portales oficiales. Asimismo, se desarrolló el proceso de consulta previa con comunidades originarias ubicadas en el área de influencia.
La Declaración de Impacto Ambiental introdujo, además, una metodología que distingue las fases de construcción, operación, cierre y post-cierre, y organiza su contenido en cinco ejes: Agua, Biodiversidad, Patrimonio cultural y Qhapaq Ñan, Aire y emisiones, y Participación ciudadana y control social.
El texto contempla también la conformación de la Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto, un Fondo Socioambiental y de Compensación, y un programa de monitoreo participativo que incluye el Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT), dotado de telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera. Se incorporan además protocolos ante sismos, crecidas, derrames, incendios y otras contingencias.
La empresa deberá aplicar Programas de Integridad que alcancen a toda su cadena de contratación y actualizar la Declaración Jurada de Buenas Prácticas mediante informes de sostenibilidad y un Protocolo de Vinculación Comunitaria. También participará, junto al Municipio de Las Heras y actores locales, en un Plan de Desarrollo Económico que impulse la diversificación productiva de Uspallata y otras localidades de Alta Montaña, y en iniciativas de formación y educación.






