Minería en Mendoza: ¿Renace el debate?
Por Cecilia Zabala
Algunos actores públicos de Mendoza se proponen desmitificar y eliminar ciertos tabúes respecto a la minería. Aunque la apertura de este debate suele complicarse y teñirse de motivaciones políticas o posturas radicalizadas, apuntan a hacerlo. Lo cierto es que desde hace varios años, la actividad no se desarrolla y muchos proyectos (inclusive no metalíferos) han muerto en el intento.
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Desde el sector público y privado coinciden en el diagnóstico: apenas funcionan algunas canteras de áridos y piedras ornamentales en Mendoza como consecuencia de la falta de políticas de Estado, reglas claras y seguridad jurídica, que terminaron espantando a los inversionistas. Sin embargo, desde el Gobierno prometen redefiniciones para activar una matriz productiva dormida, de la que los empresarios descreen por “falta de señales concretas”.
En esta nota presentamos las dos caras. Por un lado dialogamos con el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú; y por el otro con el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (CASEMMZA), Carlos Ferrer.
Si bien Guiñazú fue muy crítico con la situación actual de la minería, como consecuencias de las políticas –o la falta de ella- llevadas a cabo por gestiones anteriores; aseguró que se está avanzando en restablecer un marco claro que ofrezca ventajas competitivas para incentivar inversiones.
Por su parte, Ferrer coincidió en el marco situacional, aunque con reparos a las medidas –o falta de ellas- llevadas a cabo durante el actual gobierno de Alfredo Cornejo. “Los que gobiernan no tienen la actitud que tienen que tener. No hay nada funcionando”, sostuvo el titular de CASEMMZA.
Coincidencias
Tanto Ferrer como Guiñazú coincidieron en la necesidad de explorar la cordillera mendocina en busca de potencialidades.
“Necesitamos empezar a explorar. Se dejó de investigar. Tenemos unos 600 km de cordillera (de largo). Hay muchísimos lugares donde se puede trabajar pero no se exploró porque las empresas se fueron a otras provincias”, señaló Guiñazú. “Los empresarios no invierten donde no hay seguridad jurídica. Nadie tira 5.000 millones de dólares donde no lo van a dejar trabajar”, agregó.
“En Mendoza no hay exploración, además los expedientes administrativos de proyectos están parados”, señaló por su parte Ferrer. “Según la legislación, el que tiene un derecho minero tiene que explotarlo, no puede esperar por especulación. Y la autoridad de aplicación, que es la Dirección de Minería, tiene que estimular y sancionar”, cuestionó.
“Tenemos que identificar las potencialidades a través de la exploración y aprovecharlas. Hoy para desarrollar energías renovables se necesita de minerales raros. Si dependemos de terceros países la vamos a ver siempre de afuera. Tenemos los recursos. Podríamos estar liderando mercados mundiales. Hoy es clave el litio para desarrollar baterías de alto rendimiento. Hay muchos materiales y tierras raras y tenemos que apuntar a eso”, agregó el Subsecretario de Energía.
“Tenemos una oportunidad enorme de realizar minería de segunda categoría. Pero no la estamos aprovechando. El potencial de Mendoza no solo es metalífero”, agregó el funcionario.
Actualmente Mendoza tiene paralizados varios proyectos emblemáticos. Paramillo, Paramillo Sur, Cerro Amarillo, Hierro Indio, Sierra Pintada, Los Huemules, Don Sixto, San Jorge y Potasio Río Colorado.
Si bien algunos no pueden desarrollarse por los alcances de la Ley 7722, hay otros que no se llevan a cabo por falta de licencia social (como San Jorge) o cuestiones económicas, como la extracción de potasio en Malargüe. “San Jorge no está afectada por la 7722, pero por cuestiones políticas terminó frenada”, señaló Ferrer, con lo que coincidió Guiñazú: “Políticamente no es aceptada por la sociedad”.
“A la minería de segundo nivel la hemos perdido a manos de San Juan. El cemento, cal, coque se está explotando allá. Nosotros teníamos ventajas comparativas y las dejamos pasar para desarrollar cal, por ejemplo”, agregó el funcionario.
Y respecto a las limitaciones de la Ley sancionada hace diez años, aclaró que “influye porque las empresas mineras ven todo, no distinguen entre una cosa y otra. Van a los lugares a donde son recibidos con los brazos abiertos”.
“A las ventajas comparativas hay que darle ventajas competitivas, sino no vienen. Siempre hay alternativas. Tenemos que definir y estamos trabajando en eso, en políticas de Estado para dejar las reglas claras”, sostuvo Guiñazú. “Hay muchas minas pedidas, muchas no se van a poder explotar, pero vamos a promover la exploración y avanzar en todo. Vamos a apoyar los proyectos que cumplan con la 7722”, prometió.
Lo que viene
“Hay que generar proyectos nuevos. Hoy los inversores no ven en Mendoza un atractivo para invertir. No saben con qué se van a enfrentar y por eso estamos trabajando en definir reglas claras. Se puede hacer minería con la 7722 y a esos proyectos apuntamos”, señaló Guiñazú.
“Necesitamos la minería. Podemos hacerlo bien, cuidando el agua y el ambiente. No le podemos dar la espalda a un vector de crecimiento tan importante porque puede darnos muchas satisfacciones. Con la minería se pueden crear miles de empleos en blanco y bien remunerados en regiones donde no hay otra alternativa de desarrollo. La agricultura se desarrolla en apenas el 3% de la superficie de la provincia. Tenemos actividades de bajo valor agregado con un consumo muy alto del agua”, agregó.
“La provincia tiene que volver a estar en la vidriera, en la mesa de discusión. Mendoza tiene un potencial geológico espectacular pero no alcanza, no se llega a ningún lugar si no hay ventajas competitivas”.
En el sector privado, en tanto, son más pesimistas. “La crisis y la paralización que se está generando van a llevar a la minería a otras provincias. Hoy la estamos necesitando en Mendoza para generar empleos en cantidad y de calidad”, señaló Ferrer.
“Hoy tenemos que apuntar a nuevas actividades. La realidad es que el petróleo no va a crecer. Vamos a mantener la actividad hidrocarburífera y desarrollar el gas. Tenemos que volver a impulsar las centrales hidroeléctricas con lo que podemos tener trabajo por 30 años”, graficó Guiñazú.
A la Justicia contra la ley 7722
La Ley 7722 que establece límites al uso de determinadas sustancias químicas para la minería metalífera es cuestionadas desde distintos sectores. En el caso de CASEMMZA, la calificaron de “inconstitucional” e “hipócrita”, ya que hay actividades agrícolas (en especial la vitivinicultura) que las utilizan.
“Vamos a presentar amparos para que se prohíba el uso de estas sustancias en actividades que hoy las usan”, explicó el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (CASEMMZA), Carlos Ferrer.
Además, anunció una batería de petitorios para que se reactiven los proyectos de Potasio y San Jorge.
Nuevas reglas que ilusionan
Durante varios meses Mendoza participó de dos encuentros significativos. Por un lado, en la provincia se realizó el diálogo minero, que se extendió por un año y medio y del que participaron diversos actores, que pronto mostrará sus resultados. Por otro, firmó el nuevo Pacto Federal Minero junto a las otras provincias.
Del primero, Guiñazú destacó que “durante un año y medio se estuvo escuchando a los distintos sectores, distintas aristas. No buscábamos consenso, buscábamos información transparente a partir de la cual se van a fijar políticas para reducir los riesgos que puede producir la minería, tanto ambientales como sociales; y reducir las barreras impuestas -siempre respetando la 7722- en cuanto a transparencia, impuestos e infraestructura. A partir de esto, se modificará parte de la legislación vigente, como la Ley 8434 de control de canteras, que hay que hacerla de nuevo, y la 3760 que define la estructura de la Dirección de Minería, para modernizarla”, explicó el Subsecretario de Energía.
Por otra parte, Guiñazú resaltó la firma del nuevo Pacto Federal Minero: “Se establecieron lineamientos, herramientas prácticas de trabajo junto a las otras provincias en consonancia con la decisión de la Nación para desarrollar e impulsar la minería”.
“Es una ley de orden superior en la que se fijaron los grandes lineamientos políticos. Hay que empezar a trabajar en los temas específicos. Fue lo mejor que se pudo sacar. Hay intereses de distintas provincias, pero se generó un marco de trabajo general”, admitió Guiñazú.
En tanto, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (CASEMMZA), Carlos Ferrer, pidió a la provincia “cumplir” este pacto y generar reglas claras.
