Debaten sobre el futuro de la construcción de desarrollos inmobiliarios en el piedemonte mendocino

MC

Se trata de una zona de 1.200 kilómetros cuadrados que se extiende por cuatro departamentos. En su gran mayoría estos terrenos están en manos de privados.

En la Cámara de Senadores de la Legislatura Provincial, se viene debatiendo sobre el futuro de la construcción de desarrollos inmobiliarios en el piedemonte mendocino. Se desarrolló la reunión de la Comisión en conjunto de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC); de Ambiente y la de Hacienda y Presupuesto, en la Legislatura de Mendoza. El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, explicó la propuesta enviada por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, que busca regularizar y proteger al piedemonte del Área Metropolitana.

El proyecto denominado "Ley de pautas de manejo y disposiciones específicas para la planificación integrada y sostenible de la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza (AMM)", fue generado desde la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial con el aporte de los cuatro municipios del Área Metropolitana que integran territorio en el área (Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján) y en base al estudio "Evaluación de Amenazas del Piedemonte del Área Metropolitana", elaborado por el Instituto Nacional del Agua.

Se seguirá analizando y debatiendo en Comisiones del Senado durante estas semanas.

Dicho proyecto busca definir criterios mínimos obligatorios de ocupación para todo el piedemonte a partir de los cuales los municipios podrán actualizar sus códigos o zonificaciones. Si los municipios tuvieran criterios más restrictivos en sus normas, estas serán prioritarias. Los municipios que aún no tienen su Plan Municipal deberán incorporarlos a él.

Además determinará medidas y procedimientos para planificar el desarrollo de zonas aún no ocupadas y deberá cumplimentar exigencias ambientales en áreas ya urbanizadas, considerando el criterio de peligro aluvional. Otro de los puntos estipulados en la propuesta, es que deberá establecer áreas de protección ambiental con acceso público para garantizar el uso y disfrute por parte de todos los ciudadanos.

Esto busca unificar y actualizar los criterios para definir dónde y cómo construir a través de una ley nueva que especifique en qué zonas no se podrá construir por amenaza aluvional como cauces y laderas inestables.

El proyecto de ley también prevé -siguiendo el criterio de amenaza aluvional- áreas de categorización intermedia a las cuales define como ocupables para desarrollo urbano con criterios de bajo impacto. Las zonas de menos riesgos, de igual forma, deben respetar los llamados "criterios mínimos" para loteos en el piedemonte, con parámetros para dimensiones de parcelas, pendientes, etc.

En los casos donde haya construcciones previas, se requerirán los estudios ambientales correspondientes y se evaluarán de manera participativa con la población local y los organismos pertinentes las obras necesarias para mitigar amenazas aluvionales e impactos ambientales negativos. También se evaluará el camino a seguir con la infraestructura de servicios de agua y saneamiento, electricidad o gas.

Los técnicos consideran que el piedemonte debe ser abordado de manera interjurisdiccional y gestionado como una sola unidad ambiental. En la nueva ley, el área es mayor a las de las leyes vigentes en la actualidad e incluye todas las cuencas. El polígono de superficie comprende 76.699 hectáreas o 766 km2.

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