Con la infraestructura vial e hídrica, la obra pública revive en Mendoza
Después de un largo periodo "dormida", la obra pública parece comenzar a despertar en Mendoza. Es que el Gobierno provincial presentó en el último tiempo un plan apuntado principalmente a proyectos de infraestructura vial e hídrica. En ese esquema, el Fondo de Resarcimiento por la Promoción Industrial se consolidó como la principal herramienta financiera, complementada por recursos del presupuesto provincial y, en menor medida, inversiones privadas.
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El plan de obras públicas anunciado por el Gobierno de Mendoza para el bienio 2025-2026 presenta una marcada diferenciación territorial y financiera. Por un lado, se destacan los proyectos de gran escala en el área metropolitana; por otro, obras específicas orientadas a infraestructura productiva, hídrica y social en el resto de la provincia. En este esquema, el Fondo de Resarcimiento se posiciona como una de las principales fuentes de financiamiento para proyectos estructurales.
El mismo, originado en la discusión del Dique Portezuelo del Viento y reconvertido en instrumento de inversión provincial, es uno de los pilares del plan de obras de Mendoza para 2025-2028, con más de 1.000 millones de dólares comprometidos en 32 obras oficiales según el Presupuesto Provincial 2026.
La distribución de las obras
La distribución de las obras muestra una fuerte concentración en el Gran Mendoza, donde se ejecutan los proyectos de mayor escala y costo, especialmente en materia vial y de transporte. Allí se destacan la refuncionalización integral de dos corredores clave para la movilidad metropolitana y la logística regional.
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Por un lado, el Acceso Este (Ruta Nacional 7), contempla la ampliación de calzadas, mejoras en puentes, reorganización de nudos viales y obras complementarias de seguridad vial. Por el otro, la transformación integral del Acceso Sur (Ruta Nacional 40), con incorporación de nuevas trochas, puentes y colectoras. Ambas iniciativas se financian con recursos del Fondo de Resarcimiento y explican buena parte del volumen total de inversión previsto para el bienio.
A este paquete se suman obras de agua y saneamiento que impactan en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo, también financiadas con fondos extraordinarios. En contraste, el Metrotranvía -cuyas etapas III y IV están previstas para este período- queda fuera del esquema de resarcimiento y se sostiene con presupuesto provincial y mecanismos de financiamiento verde.
En el Valle de Uco, integrado por Tunuyán, Tupungato y San Carlos, el eje central de la inversión está puesto en la infraestructura hídrica. La obra más relevante es la modernización del sistema de riego Yaucha-Rama Dumas, que incluye presurización, mejoras en la conducción y optimización del uso del recurso hídrico.
Este proyecto, financiado íntegramente con el Fondo de Resarcimiento, apunta a mejorar la eficiencia del riego agrícola y fortalecer la base productiva de la región. A estas intervenciones se suman trabajos de impermeabilización y mantenimiento de canales, así como obras complementarias de agua potable en zonas rurales y periurbanas.
Para la zona Este se presenta una combinación de obras financiadas por distintas fuentes. El proyecto de mayor alcance es el Tren de Cercanías del Este, que prevé la recuperación y puesta en funcionamiento de un corredor ferroviario para transporte de pasajeros, conectando estos departamentos con el área metropolitana.
Esta obra se ejecuta bajo un esquema mixto, con participación del Estado provincial y capital privado. En paralelo, se desarrollan obras de saneamiento, ampliación de redes de agua potable y proyectos de infraestructura municipal, varios de ellos financiados con recursos del Fondo de Resarcimiento.
Para el Sur mendocino, las inversiones se concentran principalmente en obras hídricas y de infraestructura básica. Entre los proyectos destacados se encuentran la impermeabilización de canales estratégicos, como el Atuel Sud y el Real del Padre, financiados con Fondos del Resarcimiento. Asimismo, se ejecutan obras de infraestructura social, incluyendo establecimientos educativos, edificios sanitarios y mejoras en servicios públicos, que se financian mayormente con recursos del presupuesto provincial.
Respaldo, necesidad de diversificación y precios polémicos
Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), aseguró que todos estos anuncios de obra pública en la provincia son bien recibidos por el sector de la construcción, aunque vienen acompañados de advertencias sobre el impacto real en las pymes y la sostenibilidad de los contratos.
"Lo estamos viendo muy bien. Hay una decisión política y una decisión de inversión en renovación e inversión pública de todo tipo, y eso siempre es bienvenido", destacó Fernández. Además, subrayó que la infraestructura "no es solo obra para las empresas constructoras, sino bienestar para todos los ciudadanos", aunque advirtió que gran parte de los proyectos anunciados corresponden a obras de gran escala, donde la participación de las pymes es limitada.
El representante de la CPC ponderó la situación de Mendoza sobre la de otras jurisdicciones del país: "Se nota mucho la diferencia entre Mendoza y el resto de las provincias. En muchas jurisdicciones del país se ha intentado sostener la obra pública que fue abandonada por el Gobierno nacional con fondos provinciales propios, pero cada una tiene sus limitaciones. En Mendoza es donde más se nota la inversión pública provincial", destacó.
En ese contexto, de acuerdo a Fernández, uno de los puntos de mayor preocupación es el nivel de los precios en las licitaciones. "Ante la falta general de trabajo, las empresas van a cualquier precio. Se están viendo ofertas muy por debajo del costo real, y eso genera riesgo de incumplimiento y descapitalización", advirtió el referente de la pymes.
Desde su análisis, marcó que el problema no pasa por la rentabilidad sino por la supervivencia de las empresas que se involucran en las licitaciones públicas: "El principal capital de una pyme es su gente. En la desesperación por no perder ese capital humano, se llega a precios muy bajos".
De todas maneras, de cara a 2026, el referente del sector valoró que la provincia mantenga la inversión pública, pero planteó la necesidad de mayor equilibrio. "s válido poner en valor que el Gobierno de Mendoza entienda esta necesidad. Ahora bien, los recursos son escasos y las necesidades infinitas. Lo que planteamos es que la inversión pública sea más equilibrada: que no se concentre solo en obras de gran magnitud, que consumen mucho presupuesto pero poca mano de obra, sino que también incluya obras medianas y pequeñas, donde puedan participar más empresas y que tienen mayor impacto en empleo y contención social. Esto no es una crítica, es un aporte constructivo para seguir creciendo", concluyó.