PSJ Cobre Mendocino: a un paso de la factibilidad con el comienzo del debate en la Legislatura
En el cierre del mes de octubre, la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza emitió la Resolución Nº 405/2025, mediante la cual se otorga la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al proyecto PSJ Cobre Mendocino, presentado por la firma Minera San Jorge S.A. Con ese paso concretado, el Poder Ejecutivo envió el expediente a la Legislatura provincial, donde comenzó esta semana el debate interno que definirá su ratificación o no, requisito exigido por la Ley Provincial 7.722.
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La noticia fue recibida por los referentes de la empresa entre la celebración y la cautela, es que si bien con este movimiento quedaron a un paso de iniciar la etapa de la factibilidad, una certificación esencial para poder acceder al financiamiento internacional y así poder comenzar con la construcción de la mina, en off the record no descartaron los fantasmas de otros proyectos que fracasaron en esta misma instancia.
Un proyecto a largo plazo
Aunque las novedades pueden generar ansiedad en propios y ajenos, Fabián Gregorio, CEO y presidente de PSJ Cobre Mendocino, aseguró que es fundamental manejarla con equilibrio, tanto del sector público como desde el sector privado. "Son procesos de largo plazo, como bien saben, aunque el compromiso es avanzar en el menor tiempo posible. Estamos plenamente comprometidos a que, apenas obtengamos la ratificación legislativa, aceleraremos los trabajos de ingeniería de detalle y cerraremos la etapa de factibilidad del proyecto", reconoció.
Aunque no hay fechas establecidas, ya que la discusión legislativa dependerá de la agenda de la casa de las leyes provinciales, el empresario aseguró que las prioridades de PSJ Cobre Mendocino son concretar la etapa de factibilidad y cerrar el financiamiento lo más pronto que se pueda.
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"Hay mucho interés de distintos actores en invertir en el proyecto. Esto representa una muy buena noticia, impulsada por varios factores: las condiciones del proyecto en sí, el contexto favorable de la provincia y del país, y la fuerte demanda internacional del cobre. Una vez completado ese paso, iniciaremos la construcción de la mina, marcando el comienzo de una nueva etapa para la empresa y para Mendoza", destacó Gregorio.
Hasta el momento, el proyecto ubicado en el distrito de Uspallata, en el departamento de Las Heras, lleva acumulada una inversión de 62 millones de dólares, destinados principalmente a estudios técnicos y ambientales que fortalecieron el Informe de Impacto Ambiental. A eso, se le sumará una inversión adicional de 15 millones de dólares para ajustar los procesos técnicos y prepararnos para el financiamiento principal del proyecto.
Luego de esos pasos llegará la etapa de construcción de la mina, donde se espera que se produzca el pico de generación de empleo de entre 4.000 y 5.000 puestos de trabajos directos e indirectos. La misma demandará una inversión de 560 millones de dólares o posiblemente una cifra superior.
Finalmente, durante la vida útil de la mina, cada año se requerirá una inversión operativa de unos 120 millones de dólares anuales para mantener su funcionamiento. En ese mismo periodo estiman que habrá entre 600 y 700 trabajadores directos en planta, además de unos 1.800 empleos indirectos, correspondientes a contratistas y personal de servicios vinculados de forma permanente al funcionamiento y suministro de la operación minera.
Un procedimiento histórico
La Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino llegó tras una Audiencia Pública con participación histórica, 16 dictámenes sectoriales, informes técnicos de la Autoridad Ambiental Minera y de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) y análisis de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) y del Consejo Provincial del Ambiente.
La Autoridad Ambiental Minera, integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, elaboró un informe técnico que da respuesta a todas las intervenciones orales y escritas, consolidando un documento de casi 6.000 páginas de respuesta pública, disponible para consulta de cualquier interesado.
Cinco pilares de protección y control
Además de contener el expediente completo, la DIA establece un esquema estructurado sobre cinco ejes:
1) Agua - Protección estricta y monitoreo continuo
Red integrada de monitoreo superficial y subterráneo con estaciones automáticas y piezómetros.
Acceso institucional en tiempo real a los datos.
Impermeabilización del depósito de residuos con controles geotécnicos y sistemas de alerta temprana.
Balance hídrico validado y garantía de caudal ecológico.
Planes de gestión de efluentes aprobados y auditados por el Departamento General de Irrigación.
2) Biodiversidad - Evitar, minimizar, restaurar y compensar
Planes de revegetación con flora nativa y control de especies exóticas.
Protocolos de protección animal y rescate.
Protección específica de vegas y la Ciénaga de Yalguaraz con monitoreo hidrológico.
3) Patrimonio cultural y Qhapaq Ñan - Protección reforzada
Estudios actualizados con registro georreferenciado de hallazgos.
Invitación a la participación de la Organización de Comunidades del Pueblo Huarpe (OMTA) en acciones de monitoreo cultural.
4) Aire, emisiones y clima
Red meteorológica bajo estándares OMM/SMN.
Plan de control de material particulado con sistemas de alerta y conteo vehicular.
Inventario de GEI y estrategias de mitigación.
5) Participación ciudadana y control social
Creación de la Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto (UGA-PSJ) con participación de CEIAM, universidades, organismos sectoriales y la comunidad.
Programa de Monitoreo Participativo del agua y Programa de Visitas Abiertas.
Informes trimestrales e Informe de Situación Anual bajo Declaración Jurada.
Además, establece un Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT) con telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera. Se incluyen protocolos sísmicos, de crecidas, derrames, incendios y contingencias multiamenaza.
También se obliga a la Empresa a implementar y mantener Programas de Integridad y Compliance, haciendo extensible el mismo, a toda su cadena de contratación. Además, como un agregado a la Declaración Jurada de Buenas Prácticas que debe ir actualizando, el proponente deberá ir presentando Informes de Sostenibilidad y un Protocolo de Vinculación Comunitaria.
El proyecto, además, crea un Fondo Socioambiental y de Compensación destinado a financiar medidas de compensación ambiental, fortalecer las instancias de monitoreo y participación comunitaria, y promover programas de empleo local, desarrollo de proveedores regionales y capacitación técnica.