Regalías Mineras y Fondo Compensador: cómo funcionarán en Mendoza
En un mes cargado de novedades para la minería mendocina, el Gobierno provincial envió a la Legislatura dos proyectos claves para el sector. Por un lado, la presentación de la Ley de Regalías Mineras y, por el otro, la creación del Fondo de Compensación Ambiental, dos cuentas pendientes en Mendoza.
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Como explicó a Área Tres Jerónimo Shantal, director de Minería de Mendoza, con estas medidas, el gobierno mendocino "salda una deuda pendiente" con el sector minero. En el caso de la Ley de Regalías Mineras, la provincia era la única de los integrantes de la Mesa del Cobre que no contaba con esta legislación.
Según detalló, la normativa se elaboró con un enfoque comparativo, tomando como referencia experiencias de otras provincias y países. "Necesitábamos reglas claras para las compañías que lleguen, y que no se encuentren con nuevas normas cuando ya estén trabajando. Por eso, antes de avanzar con los proyectos mineros, debíamos tener la norma lista y a la altura de las circunstancias", sostuvo Shantal.
En tanto, en el caso del Fondo de Compensación Ambiental, nace a partir de la Ley General del Ambiente, que en su artículo 34 demanda la constitución de este fondo. El mismo funcionará como con cualquier actividad extractiva, para prevenir cualquier tipo de contingencia o daño que suceda durante la misma. "El objetivo es contar con una herramienta inmediata para actuar ante contingencias, sin depender de la voluntad o solvencia de los responsables", señaló el Director de Minería.
Como lo planteó Shantal, el foco no está puesto en la creación de nuevas contribuciones, sino en la búsqueda del fortalecimiento institucional. "La idea no es subir impuestos, sino dar previsibilidad. Las empresas deben saber desde el inicio a qué reglas están sujetas y que no van a cambiar en el tiempo", aclaró el funcionario.
Cómo funcionará la Ley de Regalías Mineras
Aunque todavía falta el tratamiento legislativo de los proyectos y pueden llegar a sufrir modificaciones en la Cámara de Diputados y Senado mendocino, en líneas generales, la Ley de Regalías Mineras se elaboró tomando como base la experiencia de provincias como San Juan, Catamarca y La Rioja, además de modelos de países mineros consolidados.
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De acuerdo a la explicación de Shantal, la nueva normativa viene a complementar la adhesión de Mendoza a la Ley Nacional de Regalías Mineras, que establecía un porcentaje máximo -fijado en un 3%-, pero dejaba sin definir la metodología de cálculo ni los mecanismos de aplicación.
"Esa norma nacional fija un tope, pero no dice cuánto ni quién lo regula. Nosotros necesitábamos una ley provincial que precisara esos puntos", planteó el funcionario. En este sentido, aclaró que la distribución de las regalías sigue el modelo de los hidrocarburos: el 88% se destinará a rentas generales de la provincia y el 12% a los departamentos donde se desarrolla la actividad minera.
Pero además, el texto introduce una innovación importante: del 88% provincial, un 15% será utilizado para fortalecer las tareas de control y monitoreo ambiental. "Esa es una de las novedades más importantes. Esos fondos van exclusivamente a la autoridad de aplicación, es decir, a la Dirección de Minería, para que pueda cumplir adecuadamente su función de control. En total, representa un 13% adicional sobre el monto total de regalías", argumentó el funcionario.
Otro de los ejes centrales de la norma es la segmentación por tipo de emprendimiento, con el fin de no afectar a los pequeños productores. "Hay productores de segunda categoría o explotaciones familiares, como las de sal, que si uno les exige regalías, destruye su negocio", reconoció Shantal.
Así, la ley exime del pago de regalías a las microempresas y a quienes cuenten con certificado MiPyme, así como a las minas de tercera categoría, ya contempladas en el Código de Procedimiento Minero. "Queríamos una norma que contemple todas las realidades del sector, no una ley pensada solo para los grandes proyectos. La minería mendocina tiene una enorme diversidad de emprendimientos, y cada uno requiere un tratamiento distinto", subrayó el Director de Minería.
Por otra parte, el proyecto deja margen para mecanismos de compensación o variabilidad, que podrán ser acordados entre el Estado y las empresas, siempre dentro del marco de transparencia y con aprobación del fisco. "Por ejemplo, una compañía podría proponer obras de infraestructura o inversiones sociales como compensación por regalías, siempre que el Estado lo autorice", indicó Shantal.
"Queremos evitar el cierre prematuro de minas. En muchos casos, los proyectos cierran porque la ley del mineral baja y deja de ser rentable explotarlo. Si uno puede ofrecer una reducción temporal de la regalía a cambio de mantener la operación activa, se logra un beneficio mayor en el tiempo", completó el funcionario.
Una respuesta a las emergencias
En el caso del Fondo de Compensación Ambiental, la herramienta fue concebida para asegurar la respuesta inmediata ante daños ambientales colectivos, emergencias o zonas degradadas, aun cuando el responsable no esté identificado o sea insolvente. Este instrumento permitirá financiar acciones de restauración y fortalecer los mecanismos de monitoreo y participación comunitaria.
El objetivo es contar con recursos específicos para actuar sin demoras en caso de incidentes ambientales, independientemente de los tiempos administrativos o de la solvencia de los responsables. "Muchas veces nos encontramos con sitios donde hubo actividad minera en el pasado, incluso ilícita, y no hay nadie a quien reclamarle. O los responsables alegan no tener fondos. No podemos esperar a que alguien pague: hay que salir a remediar inmediatamente", expresó Shantal.
Con este nuevo instrumento, el Estado podrá financiar la reparación y luego repetir contra los responsables para recuperar el dinero. "No es beneficencia del Estado, es una herramienta eficaz para garantizar una respuesta rápida y efectiva. La remediación no puede depender de la voluntad del infractor", aclaró el funcionario.
Respecto al financiamiento, comentó que tendrá múltiples fuentes, tanto públicas como privadas. Entre ellas, se incluyen los aportes de las empresas mineras, sanciones económicas derivadas de procesos judiciales, aportes estatales y donaciones.
"Por ejemplo, un juez podría determinar que una empresa condenada por daño ambiental colectivo pague su multa al fondo. También pueden ingresar aportes directos del Estado o de organismos multilaterales, si se trata de proyectos de prevención o restauración", detalló el funcionario.
Además, las compañías que desarrollen proyectos mineros deberán contribuir al fondo como parte de sus obligaciones ambientales, reforzando el principio de responsabilidad extendida del productor. De esta manera, se aseguraría un flujo constante de recursos que permitirá intervenir de manera inmediata en la mitigación o reparación de impactos.