Quieren una empresa minera estatal para relanzar la actividad

El Documento ya está escrito, tras meses de debate y análisis, el Gobierno provincial tiene listo el plan minero que presentarán como Política de Estado en el tema. Claro que falta un paso clave: al aval público y político de Alfredo Cornejo.  Se trata de la Política de Estado para el Desarrollo de la Minería, un trabajo que apunta a reimpulsar esa actividad, que durante décadas ha sido motivo de controversia.

El plan fue coordinado por Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería, quien coordinó la Mesa de Diálogo Minero. Justamente ese fue el punto de partida. El plan tiene varios objetivos, pero uno cuantitativo que es ambicioso, sobre todo teniendo en cuenta el contexto. Según el Documento, al que tuvo acceso Área Tres, plantea que en 10 años la minería tenga un peso fuerte en el Producto Bruto Geográfico de la provincia que se asemeje a lo que hoy es la industria petrolera.

A nivel estructural, la política propone dos novedades: una, crear un fondo extra para que aporten los proyectos mineros por fuera de las regalías para destinarlo a infraestructura. Pero además proponen crear la Empresa Provincial de Minería.

La estructura sería similar a la usada por otras empresas públicas mendocinas, es decir una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. ”Con el objetivo de salvaguardar algunos yacimientos o minas que se consideren estratégicos por su riqueza, localización o potenciales sinergias con otros emprendimientos, el Gobierno de la Provincia creará una SAPEM que pueda capitalizar dichas propiedades mineras sobre las cuales eventualmente podrá realizar trabajos de puesta en valor a través de tareas de prospección y o exploración para luego ser licitadas para su explotación”, dice el Documento. La empresa debería ser creada por ley y “podrá actuar en los términos previstos en el Código de Minería y no podrá tener ningún tipo de influencia o participación en el procedimiento de otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones por parte de la Provincia de que se trate”.

La política minera que elaboró el Gobierno tiene varios ejes. En lo conceptual apunta a desarrollar todo lo permitido por las leyes y para ello esquematiza los proyectos según el tipo de recursos y la escala del proyecto. Así, se califica desde la minería artesanal, hasta la de gran escala. En todos los casos de manera trasversal se menciona el marco legal, en particular la ley 7722. Pero también se sugiere la posibilidad de reglamentar algunas leyes. Allí hay un punto clave: se busca potenciar los trabajos de exploración minera, que tienen bajo impacto ambiental.

Como el agua es el recurso más escaso y que genera más controversia en la minería, la propuesta oficial es que haya un sistema restaurativo para la minería: los proyectos deberían “devolver” el agua que usan aportando el mismo recurso que les insume la explotación.

Relanzamiento

“El sector minero se encuentra totalmente paralizado en la Provincia de Mendoza a consecuencia de un conflicto entre posiciones sociales y económicas encontradas que ya lleva casi 10 años sin solución. Por un lado, parte de la sociedad cercana a los sectores tradicionales de la economía, percibe la minería como una amenaza al ambiente y a su forma de vida y, por otro lado, otra parte relacionada con la industria y con el comercio, ve en la minería una posible respuesta a una economía estancada que busca nuevas oportunidades de crecimiento”, dice a manera de introducción el Documento, a manera de contexto.

“Muchos años de ausencia y, en algunos casos, de especulación en la administración del conflicto por parte del Estado han generado una situación de parálisis que continúa dividiendo a los mendocinos en posiciones injustificadamente enfrentadas y hace perder oportunidades de crecimiento a la Provincia”, asegura.

En ese sentido, según el diagnóstico provincial se perdieron inversiones por 5 mil millones de dólares en los últimos años por la caída de proyectos mineros. Eso incluye el derrumbe de Potasio Río Colorado. Por eso ahora apuestan a “que en el término de 10 años, la Minería aporte a la Provincia de Mendoza un nivel de actividad equivalente al del sector hidrocarburífero, con una cadena de proveedores de equipos y servicios completamente desarrollada y una cadena de industrias derivadas de la misma que agregue valor a sus productos”.

El plan divide a los emprendimientos según su magnitud y, en ese sentido, agrega exigencias a medida de que crecen. Además de la minería artesanal, que es tenida en cuenta, se dividen en tres categorías:

Pequeños emprendimientos mineros, que producen hasta 100,000Tn/año de mineral, emplean menos 200,000hs. anuales 80 ochenta trabajadores directos y requieren inversiones menores a USS 10,000,000. EMPRENDIMIENTOS MINEROS MEDIANOS: aquellos que extraen entre 100.000 y 3.000.000 de Tn/año de mineral, emplean de mano de obra y de 80 a 400 empleados directos -y que por su naturaleza generan inversiones de hasta USS 500.000.000. GRANDES EMPRENDIMIENTOS MINEROS: extraen más de 3.000.000 de Tn /año, emplean más de 400 empleados directos -por año y que, por su naturaleza, superan inversiones de más de USS 500.000.000.

En cuanto a las etapas del desarrollo de un proyecto, el plan explica cada uno en detalle. Pero agrega un dato importante: la idea de potenciar la exploración. “El Gobierno buscará los mecanismos para facilitar el desarrollo de estas tareas ya que las mismas, independientemente de los procesos metalúrgicos potencialmente utilizados en la etapa de explotación, aumentan el stock de recursos de la provincia, generan empleo de alta calificación y permiten el desarrollo de empresas de servicio que también pueden trabajar en otras regiones”. Incluso se menciona la intención de que Mendoza “exporte” recursos técnicos de empresas locales a otras provincias para realizar esas tareas.

 

Gran parte de los conflictos que se generaron y que dieron curso al rechazo de la minería como actividad, tuvieron que ver con el agua. La posible competencia con otras actividades y la escases de ese recurso aumentaron la tensión. La política propuesta por el Ejecutivo crea un sistema “restaurativo” para que los proyectos mineros antes de comenzar garanticen no solo la disminución del impacto, sino que estén obligados a aportar agua al sistema para compensar el uso de ese recurso. “Todo emprendimiento minero mediano y grande cuya demanda de agua se encuentre debidamente aprobada por el DGI, deberá implementar un mecanismo por el cual el equivalente a la cantidad de agua autorizada para su uso, sea repuesto a partir de la purificación y/o limpieza de aguas superficiales y/o subterráneas no aptas para consumo humano y/o agrícola”, propone el Plan.